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En julio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal o Ley Antifraude, que entró en vigor el 11 de octubre del mismo año. Esta ley establece normas contra las prácticas de evasión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, luchando contra los software de doble uso con multas de hasta 50.000 € para los usuarios de los mismos.
Con esta ley se ha puesto especial foco en los programas de gestión que incurren en fraude al permitir que se pueda llevar una contabilidad B, así como en otras actividades que favorecen la economía sumergida.
La nueva norma obliga a autónomos y empresas a trabajar con programas informáticos (Sistemas Informáticos de Facturación o SIF) que soporten procesos contables, de facturación o de gestión que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
Como acabamos de comentar, la ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal tiene como principal objetivo evitar la manipulación de datos contables y de gestión que permitan llevar a cabo una doble contabilidad o la falta de registros de las operaciones realizadas.
Mediante esta ley se pretende combatir lo que se conoce como “software de doble uso” o programas informáticos que permitan a los usuarios llevar una “contabilidad B” y poder facturar sin declararlo. Cualquier autónomo o empresa que utilice programas que permitan realizar dichas prácticas serán sancionados.
Medidas para evitar la evasión fiscal de la Ley Antifraude
Para poder llegar a cumplir el objetivo planteado por la Ley Antifraude se han tomado una serie de importantes medidas, que antes del 11 de octubre de 2021 no aplicaban. Estas medidas son las siguientes:
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Limitación de los pagos en efectivo a la cantidad de 1.000 €.
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Eliminación de diversos incentivos fiscales en algunas comunidades autónomas que eran otorgados a los pactos de sucesión o herencias en vida.
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Modificación del impuesto de matriculaciones de vehículos.
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Control del mercado de criptomonedas.
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Reducción de la deuda hasta los 600.000 euros para aparecer en la lista de morosos.
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Prohibición de cualquier tipo de amnistía fiscal.
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Ampliación del concepto de paraíso fiscal.
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Otras medidas adicionales. Como por ejemplo de Catastro, para las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI)
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Prohibición del software de doble uso.
Prohibición del software de doble uso
La prohibición del software de doble uso es la principal y más importante medida de la Ley 11/202. Estos programas informáticos permitían la manipulación de la contabilidad en las empresas y la alteración de los registros de las transacciones realizadas.
¿A qué llamamos software de doble uso? A todo programa informático que permita:
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Llevar contabilidades diferentes.
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No reflejar, total o parcialmente, la anotación de las transacciones realizadas.
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Registrar transacciones distintas a las anotaciones que hayan sido realizadas.
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Alterar transacciones ya registradas e incumpliendo la normativa aplicable.
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No cumplir con las especificaciones técnicas que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como su legibilidad por parte de los órganos competentes de la Administración Tributaria
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Que el software de contabilidad no esté certificado, ya que se está obligado a ello por disposición reglamentaria.
La Ley Antifraude establece “la obligación por parte de productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.
Por este motivo, se considera infracción tributaria, la fabricación, producción, comercialización y tenencia de programas informáticos que no cumplan con las especificaciones exigidas por dicha ley.
Sanciones de la Ley Antifraude a proveedores y usuarios
Cualquier autónomo o empresa que no cumpla con la Ley 11/2201 contra el fraude fiscal podrá ser sancionado, existiendo dos tipos de sanciones, una dirigida a los fabricantes de “software de doble uso” y otra para los usuarios de este tipo de software. Dichas sanciones y la obligación de utilizar soluciones certificadas entraron en vigor el 11 de octubre de 2021.
En el caso de las empresas que fabriquen, produzcan, y comercialicen software de doble uso que permita la manipulación de la contabilidad, podrán ser sancionados con multas de hasta 150.000 euros. Los usuarios de este tipo de software podrán ser sancionados con multas de hasta 50.000 euros.
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